Juicio Ético Popular a las empresas transnacionales y nacionales megaextractivas del NOA - San Miguel de Tucumán, 25.09.2011 - Sentencia

Dictamen del Juicio Ético y Popular Audiencia NOA from El Algarrobo on Vimeo.

Juicio Ético Popular a las empresas transnacionales y nacionales megaextractivas del NOA - San Miguel de Tucumán, 25.09.2011 - Sentencia
Por las pruebas presentadas por las diferentes fiscalías y los testimonios con que las acompañaron y que integran los antecedentes en autos, este Tribunal, integrado por la Sra. Mirta Acuña de Baravalle, Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, Luz María Díaz, de Médicos del Mundo – Argentina – Cono Sur, Prof. Dr. phil. Carlos María Pagano Fernández, de la Universidad Nacional de Salta y de la Universidad Católica de Salta, Eva Gamboa, del Observatorio contra la Discriminación y el Racismo de las Mujeres y de los Pueblos Indígenas y el Dr. Eduardo Rosenzwaig, de la Universidad Nacional de Tucumán, resuelve, en forma unánime, definitiva e inapelable, y habida cuenta de la Solicitud de Condena presentada por la Fiscalía Audiencia NOA,
CONDENAR

a las Empresas Transnacionales aquí enjuiciadas, YMAD- Minera Alumbrera UTE, Minera Agua Rica, Barrick Gold, Monsanto, Repsol-YPF, a la empresa Ledesma S.A., a sus dueños, accionistas y socios y a su plana gerencial; a Carlos Saúl Menem, Domingo Felipe Cavallo, José Luis Gioja, Ángel Maza, Felipe Solá, Fernando De la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Mayoral, y a todos los demás presidentes, diputados y senadores de la Nación, gobernadores y funcionarios de las distintas áreas de gobierno provinciales y municipales directa o indirectamente implicados en la implementación del perverso sistema neocolonial de saqueo destrucción, y contaminación de los territorios de nuestros pueblos aquí enjuiciados, por violación sistemática, de toda ética, de los Derechos Humanos inalienables y de los Derechos de la Naturaleza, por responsables de los delitos de:

GENOCIDIO, ECOCIDIO Y EPISTEMICIDIO, CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD Y DE LESA NATURALEZA.

VIOLACIÓN A LA SOBERANÍA TERRITORIAL DE LOS PUEBLOS, VIOLACIÓN A LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, A LA LEGISLACIÓN GENERAL Y DEL ORDEN JURÍDICO-POLÍTICO CONSTITUCIONAL Y LEYES Y TRATADOS INTERNACIONALES;

CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD Y DE LESA NATURALEZA A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE DURANTE LA DICTADURA USURPARON LAS FUNCIONES DE GOBIERNO DEL ESTADO Y A LOS GRUPOS DE PODER CIVILES Y ECONÓMICOS CONCENTRADOS QUE A TRAVÉS DEL TERRORISMO DE ESTADO DE LOS ’70 CONSTRUYERON LAS CONDICIONES HISTÓRICAS DE POSIBILIDAD DEL ACTUAL MODELO NEOCOLONIAL.

Hacer extensiva esta condena a todas las empresas y organismos que participan y promueven este modelo neocolonial de saqueo, destrucción y contaminación de los territorios y bienes comunes.

Declarar al Sistema Judicial de la Nación y de las Provincias Culpable del delito de corrupción moral e institucional y expropiación del derecho de nuestros pueblos del acceso a la Justicia.

Declarar a funcionarios de los gobiernos nacional y provinciales, legisladores, jueces e intendentes, a rectores, decanos y consejeros superiores de las Universidades Nacionales, a autoridades y funcionarios de Salud y de Educación, a Obispos y párrocos, a los dueños de los medios de comunicación y sus jefes de redacción, a organizaciones no gubernamentales, que por su acción y/u omisión colaboraron, promovieron, facilitaron y/o pretendieron justificar y legitimar las acciones de las empresas aquí enjuiciadas, CULPABLES DEL DELITO DE COMPLICIDAD, CORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN NECESARIA, DIRECTA O INDIRECTA EN ACTOS DE GENOCIDIO Y ECOCIDIO, SAQUEO, DESTRUCCIÓN Y CONTAMINACIÓN DE LOS BIENES COMUNES.

Sostenemos que no hay pena y resarcimiento social ni penal posible que sea proporcional o equivalente a la gravedad de estos aberrantes crímenes cometidos. Ello no obstante, planteamos que es imprescindible y urgente que el Estado Nacional arbitre los medios necesarios para detener inmediatamente el perverso sistema productivo genocida y ecocida de saqueo neocolonial, la impunidad y corrupción generalizada instalada que le son inherentes.